Apenas el pasado viernes en
sesión del Congreso del Estado realizada en Matehuala se aprobó la nueva Ley de
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, legislación que requería no sólo de
una actualización sino que debía armonizarse con la Ley General. Recordarán que
esta Ley federal fue impulsada por el movimiento por La Paz la justicia y
dignidad encabezada entre otros por Javier Sicilia e Isabel Miranda de Wallace
además de otros y otras notables luchadores sociales, todas y todos con la
similitud de ser víctimas del delito y/o de violaciones a derechos humanos.
Después de varios episodios
La Ley General llego con cambios trascendentales que posicionan a las víctimas
en el lugar que les corresponde, como eje central en los procedimientos penales
y con la atención prioritaria que el Estado debe proporcionarles.
En San Luis Potosí deberá
seguirse el mismo camino, con grandes retos y con enormes desafíos por fomentar
la cultura de atención a las víctimas. Con transformaciones que se sientan en
el viacrucis que deben enfrentar las personas cuando deben denunciar un delito,
dolorosa experiencia enfrentar a quienes en teoría deben ser sus aliados,
representantes y compañeros, ese sistema viciado que está plagado de actitudes
de desprecio y desinterés por apoyar a quien ha sufrido la pérdida de un ser
querido, de su patrimonio o de su tranquilidad familiar.
Ese sistema que es prejuicioso, que
revictimiza y trata a las víctimas con desagrado por atreverse a creer que
merecen justicia y una reparación del daño causado.
Ese sistema que genera
incomodidad y hasta vergüenza en quienes denuncian, con el temor de ser
exhibidas sus historias en la prensa y que la poca privacidad que les queda sea
invadida y robe su intimidad.
Hasta ahora las víctimas deben
de enfrentar solas estos procesos, si se cuenta con recursos económicos podrán
contratar un abogado o abogada que les represente y si tienen suerte, que
eficientemente les defienda.
Esta nueva Ley pretende
colocar a las víctimas en un papel distinto, responsabiliza al estado para que
a través de sus instituciones verdaderamente represente a quienes sufren un
delito o la violación a sus derechos, garantiza que de forma inmediata se
reciba la atención médica, jurídica y psicológica. Que se tenga a un representante
de las víctimas, que el sistema cambie y cuide a las personas, incluso que
repare el daño en forma subsidiaria.
Como les he compartido la
Ley por sí sola no garantiza los cambios en la realidad de las personas, ayuda
y se vuelve una herramienta para que las instituciones por conducto de las
personas que las integran se comprometan y apliquen las leyes en su más estricto
sentido. Por esto resulta por demás determinante que se sigan buscando los
perfiles adecuados para garantizar que las instituciones cuenten con las
personas mejor calificadas y con la convicción necesaria para trasmitir a las
víctimas esa confianza y seguridad que sólo a través de la empatía y el
profesionalismo se puede lograr.
Una novedad en esta ley es
situar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, colocándolas en el
mismo nivel de importancia y compromiso para el estado que las víctimas del
delito.
A nivel internacional en
materia de derechos humanos nuestro País ha recibido varias sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en casi todas ellas podemos darnos
cuenta de cómo de forma sistemática se han violado los derechos de las
víctimas, de cómo la impunidad y el abuso de autoridad lastiman a las víctimas,
de cómo las víctimas se transforman en perseguidos y de forma lamentable se
alejan del derecho a la verdad, de conocer que realmente sucedió, las causas y
los orígenes que la acerquen a la justicia. Esa justicia a quienes tiene
derecho.
El tiempo apremia en la
atención a víctimas pues ellos ya no pueden esperar...
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